Realidades que Fundamentan la Necesidad de este Foro:
Las Políticas de desarrollo del Estado Panameño en materia minera e hidroeléctrica se han constituido en productoras de conflictos socioambientales. Muchas comunidades urbanas y rurales de nuestro país se ven afectadas en las condiciones vitales de su existencia cultural, económica y social producto de las políticas de promoción y construcción de proyectos mineros e hidroeléctricos, situación que arroja a nuestras comunidades a organizarse y resistir contra la ejecución de estos proyectos, pues desde una perspectiva legal se encuentran muchas veces en indefensión frente a las leyes que regulan el sector minero e hidroeléctrico.
Las comunidades se ven permanentemente amenazadas ya que estos proyectos que son vendidos como formulas de desarrollo nacional, ambientalmente no son producto de una evaluación ambiental estratégica de nuestros ecosistemas y además el Estado carece de información científica real sobre mecanismos de clasificación de nuestros ecosistemas y sus relaciones socioambientales que permitan conocer los impactos de estos proyectos en la escala ecológica del país.
Además las leyes en materia ambiental, minera y energética carecen fundamentos legales que den decisión a las comunidades y gobiernos locales para la realización o no de estos proyectos.
En resumen, tenemos unas leyes ambientales, mineras y en materia energética con una incapacidad institucional para hacer valer los derechos de los ciudadanos y la construcción de un desarrollo sustentable en país.
Los puntos citados se constituyen en preocupaciones fundamentales de la ciudadanía, sobre lo cual es necesario preguntar a las autoridades qué es para ellos Desarrollo Sustentable, y si ellos consideran este tipo de proyectos como desarrollo sustentable. Si tienen voluntad política para hacer los cambios que las ciencias hacen evidentemente necesarios para la conservación de la vida y la calidad de vida humana, de las demás especies y ecosistemas del país.
Los puntos citados hacen necesario e impostergable que las comunidades afectadas del país, organizaciones de la sociedad civil, sectores productivos como los trabajadores y los empresarios preocupados, cooperativas y demás sectores construyan una Agenda Cívico-Ambiental de Lucha Ciudadana donde se fijen puntos concretos de solución, en los cuales se inscriben cambios a las leyes de ambiente en su aspectos de evaluación ambiental, a la legislación minera y en materia energética. Cambios que deben garantizar la visibilización y poder de decisión de las comunidades y gobiernos locales, así como establecer en el Estado mecanismos científicos de conocimiento y valoración del conjuntos de los ecosistemas del país y sus subregiones. Estos mecanismos de solución llenarán el vacío institucional en materia de los derechos socioambientales de los panameños, fundando los principios para la construcción del desarrollo sustentable desde las comunidades al gobierno local, y de este, al Estado Central. Esta es la génesis de la sustentabilidad real.
