Comunidades Afectadas por proyectos hidroeléctricos y mineros
Las comunidades afectadas por los proyectos hidroeléctricos y mineros junto a grupos ambientalistas, de derechos humanos y personas solidarias nos reunimos el día 20 de septiembre pasado en Santiago de Veraguas, donde realizamos la primera sesión del Foro Cívico Ambiental por la Vida. En esta actividad, en la que también participaron autoridades que tienen que ver con estos temas sentando sus posiciones como Estado, las comunidades y grupos ambientalistas sacamos las siguientes conclusiones producto del debate:
Se hace evidente a la faz de la nación, lo que fue reconocido por las autoridades participantes del Foro, que existe un conflicto socioambiental en el país producido por el desarrollo de proyectos mineros e hidroeléctricos.
Las autoridades participantes reconocieron que la ley de ambiente y legislaciones de ramo eléctrico y minero no son perfectas y que la autoridad nacional del ambiente tiene una "capacidad mínima" para la gestión ambiental del desarrollo en el país.
Que la industria minera e hidroeléctrica es parte del proyecto de desarrollo nacional promovido por el Estado y algunos sectores empresariales. Lo cual sin duda, las comunidades afectadas y grupos ambientalistas cuestionamos en la medida que el Estado y los gobiernos no pueden estar disponiendo del uso de los recursos de nuestros ecosistemas como lo están sin contar con información y el conocimiento científico ambiental integral del país y los mecanismos de gestión y evaluación ambiental efectivos que contemplen los derechos de las comunidades, pues en consecuencia están destruyendo los ecosistemas del país a través cientos de concesiones mineras e hidroeléctricas sin relación aparente entre sí, pero que al final afectan el conjunto de los ecosistemas. Por ello están fragmentando el corredor biológico mesoamericano con el terrible proyecto Minero como el Cerro Petaquilla en Colon y las Hidroeléctricas como la Chan75 sobre el río Changuinola, en Bocas del Toro y otros que destruirán la relación de equilibrio local de economías, culturas y ecosistemas, sobre los cuales también las empresas interesadas vienen cometiendo abusos contra los derechos humanos de los lugareños.
Si la ley es imperfecta , es limitada, por tanto no regula efectivamente lo que se propone, por eso se hace evidente que la misma produce conflictos socioambientales como el que vivimos, porque ni los previene ni tiene el sustento científico para regular con efectividad la gestión ambiental del desarrollo. Por lo tanto la ley debe ser cambiada. En este sentido, lanzamos la siguiente propuesta concreta al Gobierno actual:
Que declare de inmediato una Moratoria al desarrollo de la industria Minera e Hidroeléctrica en Panamá , en tanto que la forma en que se plantea es desarrollo depredador.
Instaurar una Comisión Estado-Comunidades Afectadas para iniciar de inmediato un proceso de discusión tendiente a reformar la legislación ambiental en materia de evaluación e información ambiental y las legislaciones en materia eléctrica y de minería con el objetivo de otorgar poder de decisión efectivo a las comunidades y gobiernos locales en el desarrollo de proyectos y un modelo integral de evaluación de nuestros ecosistemas según la realidad socioambiental panameña.
Las organizaciones interesadas en que esta agenda se transforme en una realidad continuaremos ejerciendo nuestro sagrado derecho ciudadano a luchar para procurar que las presentes y futuras generaciones tengan un país y un planeta donde se pueda vivir dignamente en paz con la naturaleza.
Se hace evidente a la faz de la nación, lo que fue reconocido por las autoridades participantes del Foro, que existe un conflicto socioambiental en el país producido por el desarrollo de proyectos mineros e hidroeléctricos.
Las autoridades participantes reconocieron que la ley de ambiente y legislaciones de ramo eléctrico y minero no son perfectas y que la autoridad nacional del ambiente tiene una "capacidad mínima" para la gestión ambiental del desarrollo en el país.
Que la industria minera e hidroeléctrica es parte del proyecto de desarrollo nacional promovido por el Estado y algunos sectores empresariales. Lo cual sin duda, las comunidades afectadas y grupos ambientalistas cuestionamos en la medida que el Estado y los gobiernos no pueden estar disponiendo del uso de los recursos de nuestros ecosistemas como lo están sin contar con información y el conocimiento científico ambiental integral del país y los mecanismos de gestión y evaluación ambiental efectivos que contemplen los derechos de las comunidades, pues en consecuencia están destruyendo los ecosistemas del país a través cientos de concesiones mineras e hidroeléctricas sin relación aparente entre sí, pero que al final afectan el conjunto de los ecosistemas. Por ello están fragmentando el corredor biológico mesoamericano con el terrible proyecto Minero como el Cerro Petaquilla en Colon y las Hidroeléctricas como la Chan75 sobre el río Changuinola, en Bocas del Toro y otros que destruirán la relación de equilibrio local de economías, culturas y ecosistemas, sobre los cuales también las empresas interesadas vienen cometiendo abusos contra los derechos humanos de los lugareños.
Si la ley es imperfecta , es limitada, por tanto no regula efectivamente lo que se propone, por eso se hace evidente que la misma produce conflictos socioambientales como el que vivimos, porque ni los previene ni tiene el sustento científico para regular con efectividad la gestión ambiental del desarrollo. Por lo tanto la ley debe ser cambiada. En este sentido, lanzamos la siguiente propuesta concreta al Gobierno actual:
Que declare de inmediato una Moratoria al desarrollo de la industria Minera e Hidroeléctrica en Panamá , en tanto que la forma en que se plantea es desarrollo depredador.
Instaurar una Comisión Estado-Comunidades Afectadas para iniciar de inmediato un proceso de discusión tendiente a reformar la legislación ambiental en materia de evaluación e información ambiental y las legislaciones en materia eléctrica y de minería con el objetivo de otorgar poder de decisión efectivo a las comunidades y gobiernos locales en el desarrollo de proyectos y un modelo integral de evaluación de nuestros ecosistemas según la realidad socioambiental panameña.
Las organizaciones interesadas en que esta agenda se transforme en una realidad continuaremos ejerciendo nuestro sagrado derecho ciudadano a luchar para procurar que las presentes y futuras generaciones tengan un país y un planeta donde se pueda vivir dignamente en paz con la naturaleza.
Santiago de Veraguas, 20 de septiembre de 2007.
Foro Cívico Ambiental por la Vida
Foro Cívico Ambiental por la Vida
